Sandra Ramos Pulpón, licenciada en Derecho (Uv. de Valencia y Uv. de París XII), técnico en Marketing, estudios de posgrado en Relaciones Internacionales (U.B.A, Buenos Aires, Argentina)

COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL

COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL, LA TEORÍA LOCI DELICTI COMISI EN LOS ILÍCITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD.

La jurisprudencia ha puesto de manifiesto la dificultad que supone determinar el lugar del delito, ya sea para fijar la competencia judicial internacional como para determinar la ley aplicable en los casos de los atentados a los derechos de la personalidad, como el derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen.

La justificación funcional de la teoría loci delicti comisi, se basa en que responde a las expectativas de los sujetos implicados. La persona que se encuentra en un lugar determinado, debe poder contar con la protección que le ofrece el derecho local de allí donde se encuentre, por ser éste el más próximo o más vinculado, satisface al mismo tiempo, el interés del estado en el mantenimiento de un cierto orden sobre su territorio.

El hecho de que todos los elementos del delito se localicen en un mismo lugar, y por tanto mismo ordenamiento, es el punto de partida de esta regla.

Las dificultades llegan cuando sobreviene la disociación geográfica de los elementos del mismo, y por tanto, las expectativas de los interesados se orientan hacia varios ordenamientos, haciendo de la regla tradicional un método inadecuado.

El primer lugar donde se dio el problema de la dispersión geográfica de los elementos del delito, fue en los EEUU. Es el ejemplo de cómo la dimensión alcanzada por los medios de comunicación, junto a la existencia de una cincuentena de ordenamientos distintos con ámbito competencial reducido puede generar multitud de ilícitos con dispersión material de sus elementos, los multistates torts, lo que ha llevado a la elaboración de la right of privacy.

Esto ha dejado de tener carácter excepcional, debido a la libre circulación de la información sin existencia de fronteras junto a los avances tecnológicos, han ocasionado lo mismo que en Gran Bretaña, con los multistates cases.

En derecho español, el problema de la determinación del lugar del delito se suscito en derecho penal, en torno al conflicto que surgía entre el principio de territorialidad y los criterios de atribución de competencia de los tribunales.

En el ámbito civil, al determinar la competencia territorial en los casos de difamación, artículos 7.3 y 7.7 de la LO de 1982, en los que los elementos de la intromisión aparecían localizados en diferentes lugares del territorio nacional;

Si difamar es publicar enunciados factuales relativos a una persona y lesivos de su reputación o su propia estimación que, o bien son falsos, o que siendo verdaderos, constituyesen una lesión a su intimidad, y editor y distribuidor, no se hallen en la misma ciudad.

Edición, emisión y exhibición, constituyen tres modos de publicar, difundir o divulgar, que es la fase empresarial informativa de difundir la información.

Pero la distribución, aún siendo estrictamente comercial, puede adquirir importancia a la hora de determinar el lugar de producción del delito, por ser la introducción del producto en el mercado, son estos medios los más condicionados por la actividad de distribución de los ejemplares.

IMPRACTICABILIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LOS DELITOS COMPLEJOS.

En la doctrina penal se han utilizado tres teorías para determinar el lugar de comisión del delito:

a) teoría de la actividad, lugar donde el sujeto realiza externamente la acción delictiva.

b) lugar del resultado, que es donde se produce el resultado externo.

c) teoría de la ubicuidad, una concepción mixta de las anteriores.

Para determinar el lugar del delito, se propone una disociación de los elementos del ilícito, y su clasificación por separado en las categorías de actividad y daño. O bien mediante un procedimiento que atienda a la particular naturaleza de estos ilícitos civiles.

Si determinamos el lugar del ilícito, en base al elemento esencial del mismo, se generaría desacuerdo entre los partidarios de la teoría de acción y de resultado, por eso se ha propuesto un sistema de cúmulo efectivo.

Según esta teoría, el lugar del delito, es aquél en que un apersona actúa y en el que se desarrollan las consecuencias del acto, dejándose a la víctima la elección de la ley aplicable.

Su principal inconveniente es que sitúa a la víctima en una posición privilegiada, haciendo prevalecer sus intereses, sus partidarios la defienden en base a que regula los comportamientos y protege los derechos (B. VON HOFFMAN), sus detractores alegan que se atribuye un privilegio injustificado al lesionado, desde el momento en que éste puede elegir la ley, se ignorarían los intereses del Estado de lugar de comisión.

En el conflicto de intereses entre derecho a la vida privada y libertad de expresión se estaría dando una preferencia injustificada a los derechos del honor, intimidad y propia imagen, y las normas de derecho internacional privado deben responder a la consideración constitucional de los derechos fundamentales.

El fundamento de la regla de la alternatividad no es el favor laesi, sino la imposibilidad de discernir objetivamente, una mayor vinculación comparativa del supuesto, a uno u otros lugares.

LAS DIFICULTADES EN LA LOCALIZACIÓN DEL PERJUICIO EN LOS DELITOS COMETIDOS VÍA PRENSA, RADIO, TELEVISIÓN O INTERNET.

La jurisprudencia creada a partir de la sentencia Mines de Potasse d´Alsace no solucionó la discordia, puesto que la localización del hecho generador del daño y del lugar donde se produjo el perjuicio sigue siendo motivo de controversia.

Se interpreta el art. 5.3 del CBr de 1968 relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, “lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso” en tanto que lugar del daño como lugar del acto causal, no resuelve las situaciones en las que los daños se manifiestan en diferentes países.

Particularmente, determinar la competencia judicial internacional en estos casos, y delimitar la extensión de la competencia de cada estado en el que se produjeron daños será el problema común en los delitos cometidos a través de los medios de comunicación masiva, y en incremento constante a causa del auge de Internet.

En un primer momento, se pensó que la proliferación de las comunicaciones en la red, daría lugar a la necesidad alarmante de la creación de una nueva legislación, capaz de adaptarse a este medio. Como se ha podido comprobar, no ha sido así, ya que los delitos cometidos en Internet, no se alejan tanto de los cometidos a través de los medios tradicionales, como para tener que regularlos a parte.

Por lo tanto, si nos centramos en un delito cometido a través de la prensa, por ejemplo, una revista editada en un estado comunitario “A”, difundido en ese estado, pero también en los estados “B, C y D”, y que en esa publicación se atenta contra la intimidad y la vida privada de una persona domiciliada en el estado comunitario “E” ¿Cuál es el lugar dónde se produce el hecho generador del daño? Aquél donde el daño tiene lugar, lugar del domicilio de la víctima, o los lugares donde la noticia se ha difundido.

No faltan controversias doctrinales respecto de este punto. La jurisprudencia Francesa ha optado por aplicar la lex loci delicti, lugar de difusión de la noticia o escrito incriminado o lugar de la recepción de la emisión de radio o televisión. No obstante, estas referencias al lugar de recepción o de emisión pueden dar lugar a atribuir la competencia de múltiples estados, que a su vez tendrían una competencia limitada, por entender que se trata de daños indirectos, o como dice Gaudement-Tallon, un événement causal second.

Para evitar esta dispersión, se podría ir al lugar de domicilio de la víctima, “sería allí donde se produce el perjuicio inmaterial que engendra el atentado contra la vida privada y donde encontramos el daño efectivo.”

Por lo tanto, tendríamos en este caso, la posibilidad de optar entre el domicilio del demandado o del lugar de domicilio de la víctima, esta solución alcanza los principios perseguidos por la comunidad, de concentración de la justicia y de aplicar la justicia más ligada o próxima.

A.HUET propone el lugar donde se produce el daño principal, mientras que P.LAGARDE, opta por la competencia de los tribunales del país de edición, y competencia de los países de difusión, pero para conocer exclusivamente de los daños producidos en ese territorio.

Finalmente, la doctrina y jurisprudencia francesas, se han decantado a favor de lo siguiente;

Los tribunales del lugar de realización de uno de los daños son competentes para conocer de los daños producidos en ese territorio, es decir, de los sufridos en su propia jurisdicción, ya que aquellos sufrido sen el extranjero no están vinculados a su competencia, ni por razón del hecho, ni por lugar de realización del daño.

Por otra parte, la extensión de la competencia de los tribunales del lugar de producción de uno de los daños, para conocer de la totalidad de daños producido sen los diferentes países, sería contrario al art. 5.3 de CBr, que es atribuir competencia a la jurisdicción que presente una estrecha conexión con la demanda por razones de buena administración de justicia y organización útil del proceso.

La primera solución, implica la atomización del contencioso, la víctima para evitar esta multiplicidad de litigios podrá potar entre;

Concentrar todas sus demandas ante el estado del domicilio del demandado, según lo dispuesto en el art. 2 del CBr.

Ante el Estado del lugar del hecho dañoso, art. 5 CBr. De esta forma el lesionado pierde la opción del art. 5.3 del CBr ya que en la práctica, el lugar de comisión y domicilio del demandado van a coincidir.

Otras posturas defienden que se tendría que dar la opción de plantear la demanda en cualquier país en donde se hubiera producido un daño, y que éste tuviera la competencia para conocer de la totalidad de los daños producidos en otros estados, se fundamenta en que todos los daños están vinculados a un mismo hecho generados. Se fundamenta en la relación de causalidad con el acto, causalidad que no es territorial sino de orden jurídico.

El lugar de hecho generador del daño atribuye competencia para conocer de todos los daños ya que se refieren a acciones que ha desencadenado un mismo hecho generador, en los conflictos complejos veremos la necesidad de encontrar un punto de anclaje, que asegure un mínimo de coherencia en las acciones judiciales.

La Court de Justice consagró esta última solución, en la sentencia Fiona Shevill,

“la expresión, lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso, utilizada en el artículo 5.3 del Convenio de Bruselas, fue analizada por el TJCE.

Esta sentencia supuso un paso importante en la determinación de “lugar de producción del daño” en cuanto a la determinación de la competencia judicial internacional.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 7 DE MARZO DE 1995.

FIONA SHEVILL, IXORA TRADING INC., CHEQUEPOINT SARL Y CHEQUEPOINT INTERNATIONAL LTD CONTRA PRESSE ALLIANCE SA. , estudiante inglesa que realizaba unas prácticas en una de las oficinas de Chequepoint sita en París y la misma Chequepoint, fueron víctimas de un artículo difamatorio publicado por Presse Alliance SA, éste artículo que fue publicado y difundido en varios países europeos, sugería la relación entre Chequepoint y una red de narcotráfico, haciendo mención del nombre de la joven en el propio artículo.

Fiona Shevill

Los perjudicados interpusieron sus pretensiones ante los tribunales ingleses, reclamando en un principio el resarcimiento de todos los daños, tanto los producidos en Inglaterra como en el extranjero, abandonando más tarde ésta postura y olvidando los daños producidos en el extranjero, ya que en derecho anglosajón existe la presunción de daño en materia de difamación, y por lo tanto no tuvieron que aportar prueba.

Ante esto, Presse Aliance, distribuidor del periódico France Soir, alegó la falta de competencia de los tribunales ingleses, siendo competentes, según su postura, los tribunales franceses, por ser Francia el lugar de domicilio del demandado.

Ante las diferentes posturas, y viendo que no era clara la definición “lugar de producción del daño” The Court of England, decidió acudir al TJCE haciendo uso del derecho de petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al Protocolo de 3 de junio de 1971 relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, por la House of Lords, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Fiona Shevill, Ixora Trading Inc.

El Tribunal de Justicia, pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la House of Lords mediante resolución de 1 de marzo de 1993, declaró:

La expresión “lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso” utilizada en el número 3 del artículo 5 del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en su versión modificada por el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y por el Convenio de 25 de octubre de 1982

relativo a la adhesión de la República Helénica, debe interpretarse, en caso de difamación a través de un artículo de prensa difundido en varios Estados contratantes, en el sentido de que la víctima puede entablar contra el editor una acción de reparación, bien ante los órganos jurisdiccionales del Estado contratante del lugar de establecimiento del editor de la publicación difamatoria, competentes para reparar la integridad de los daños derivados de la difamación, bien ante los órganos jurisdiccionales de cada Estado contratante en que la publicación haya sido difundida y en que la víctima alegue haber sufrido un ataque contra su reputación, competentes para conocer únicamente de los daños causados en el Estado del órgano jurisdiccional al que se haya acudido.

Por lo tanto, el Tribunal declaró, que en caso de difamación producida mediante un artículo de prensa difundido en el territorio de varios estados contratantes, el lugar del hecho causal solo puede ser el de establecimiento del editor, por ser el lugar de origen del hecho dañoso, a partir del cual la difamación se ha publicado y difundido, y éste Tribunal será competente para la reparación de la integridad de los daños, o de los perjuicios causados por el acto ilícito.

Dicho fuero, coincidirá normalmente con el del domicilio del demandado, por ello se da la oportunidad al demandante de interponer la acción en todos aquellos lugares donde se hubiera materializado el daño, so pena de privar de contenido el artículo 5.3 del Convenio de Bruselas.

En cada uno de esos Estados, la víctima podrá reclamar los daños producidos a su reputación en ese país, el órgano jurisdiccional de cada estado donde la víctima alegue haber sufrido un ataque contra su reputación es el territorialmente más cualificado para apreciar la difamación y determinar el alcance del perjuicio correspondiente, en base a las reglas de buena administración de justicia.

CONDUCTA DESENCADENANTE Y LUGAR DE MANIFESTACIÓN DEL DAÑO

Según el principio de la competencia limitada del tribunal del lugar del daño, según lo establecido por el art.5.3 del CBr, se tienen que concretar los lugares en los que se lleva a cabo la conducta desencadenante, y los lugares en donde se manifiestan los daños, esto será muy difícil en los delitos contra la vida Privada.

Según la sentencia Shevill, el lugar del hecho causal del delito solo puede ser el lugar del establecimiento del editor de la publicación, mientras que el lugar de materialización del perjuicio es allí donde la conducta desencadenante ha producido sus efectos dañosos.

En los casos de lesiones al honor a través de publicaciones en prensa, el ataque se manifiesta con la publicación y difusión del artículo o noticia, allí donde la víctima es conocida. Son actos generadores de responsabilidad civil, la edición y difusión de la publicación, si bien la difusión es considerada como el hecho esencial del daño.

La jurisprudencia española, viene determinando que el lugar de manifestación del daño será el lugar de distribución “atendiendo a la intromisión o vulneración del derecho fundamental al honor y la intimidad, no se produce cuando se divulgan los hechos que se describen en los artículos 3 y 7 de la Ley 1/1982, se considera como tal, el de distribución de la revista, que es donde arranca el contacto de los lectores, y de un modo más concreto el del domicilio de la empresa distribuidora”

Como vemos, todas estas acciones; difundir, distribuir… forman parte de una sucesión de actos que finalmente desencadenan en la disposición del público del mensaje lesivo.

En la Ley de Propiedad Intelectual, se remite al lugar de domicilio de la empresa editora y lugar de domicilio de la empresa distribuidora, puesto que en el contrato d edición, el autor cede al editor, el derecho distribuir su obra, por lo tanto, el editor es el responsable, aunque la puesta a disposición hubiera sido cedida a otra empresa.

La jurisprudencia española, ha diferenciado entre lugar de edición y de distribución, para otorgar la competencia territorial a éste último, la Audiencia Provincial de Madrid, ha entendido que el acto material de distribución, es el último de la cadena de exteriorización de lo que no era público, y eso es decisivo para lesionar los derechos que tratamos.

Allí donde se redacta e imprime la noticia es dónde se sitúa el domicilio de la empresa editora, taller, imprenta…, pero el lugar de distribución es el acto externo, lo que genera la noticia.

Si el lugar de la empresa editora no coincide con el de la empresa distribuidora, debe entenderse que la acción desencadenante de la responsabilidad civil, es la distribución, es entonces cuando se produce el evento capaz de perjudicar al honor o fama del aludido, así lo han entendido las AAPP y el Tribunal Supremo.

No obstante, no será tan claro, cuando la empresa distribuidora tenga su domicilio en lugar distinto que la editora, pero la distribución efectiva, se realice en el domicilio de la empresa editora, esto puede pasar, cuando la empresa distribuidora, actúa como mero instrumento comercial, como medio de lanzamiento de los ejemplares, atribuirle entonces la responsabilidad sería excesivo y nos apartaríamos de la tutela judicial efectiva.

Para la jurisprudencia francesa difusión es un concepto más amplio, engloba edición, distribución, producción, emisión etc.., Para GAUDEMENT TALLON, el criterio de competencia del tribunal no será territorial sino del hecho causal, propone considerar la edición como hecho causal primero, y la distribución como hecho causal segundo, pero el lugar del daño vendría a localizarse allí donde se encuentra la persona, por tratarse de un daño inmaterial y vinculado a la persona, será localizado allí donde la persona esté.

Para J.M ESPINAR, será el ámbito jurídico donde se produce el desequilibrio moral de la víctima.

Para GAUDEMENT TALLON;

Suceso causal – totalidad del daño – EDICIÓN— competencia general

Suceso causal – una parte del daño – DIFUSIÓN—- competencia limitada

No se trata de diferenciar entre lugar del hecho causal y lugar de materialización del daño, sino en el alcance de los actos.

Por lo tanto, según este planteamiento, la víctima tendría que demandar ante el tribunal del suceso causal de alcance general o ante el tribunal del lugar del daño, que sería el del domicilio de la víctima. Con ello se evita la multiplicidad de litigios.

Por otra parte, P.BOURE, propone el lugar de domicilio de la víctima, ya que publicación, edición etc… no son términos que nos permitan hacer una clasificación clara. Como Gaudement, habrá que remitirse al lugar de domicilio de la víctima, aunque no como lugar del daño, sino como lugar de realización global del delito, lo que tendría por ventaja la unidad de conexión jurisdiccional y aseguramiento de la concentración de acciones.

El TJCE no acepta ninguna de las tesis expuestas;

entiende irreal sostener que el daño no se manifiesta en el lugar de difusión y si en el domicilio de la víctima.

El tribunal de domicilio de la victima no es el mejor situado para una buena administración de justicia.

No admite el forum actoris.

En conclusión, no parece apropiado introducir el forum actoris cuando lo excluye el sistema de Bruselas, para P.ABARCA, la intimidad está asegurada con los foros generales más los especiales del art. 22.3 de la LOPJ, interpretando lugar del hecho dañoso conforme al principio de ubicuidad.

SENTENCIA AP las Palmas, sección 3ª

Vulneración al derecho al honor a causa de los contenidos de una página web.

Esta sentencia es importante, porque por primera vez los tribunales españoles fijan la competencia judicial internacional, en cuanto a ilícitos cometidos en el ámbito del ciberespacio.

Los contenidos de la página web, http://www.geocities.com suponían una intromisión ilegítima, que atentaba contra el derecho al honor, la intimidad personal y la propia imagen del perjudicado, que le causaban grave desprestigio personal y profesional, derivado de los comentarios e imágenes que aludían a unos supuestos abusos sexuales.

La demanda sostenía la falta de jurisdicción de los tribunales españoles, ya que la información estaba alojada en un servidor ubicado en los EEUU, por lo tanto la emisión de la información se producía en el extranjero.

En primer lugar La AP de las Palmas, reafirmó la competencia de los Tribunales españoles, y lo fundamentó en dos puntos que derriban las razones aducidas por la parte demandada.

Tratándose de la vulneración del derecho al honor de un delito civil, se rige la competencia por la regla del “forum delicti comisi” que remite al lugar donde se hubiera producido el hecho, y según la Audiencia, éste lugar es Madrid, por ser allí donde se divulgó y propagó la noticia al emitirla cadena COPE.

Para determinar La competencia judicial cuando se produce la trasgresión al derecho al honor, catalogada dentro de los delitos civiles que atañen a la personalidad, habremos de atender a éste principio, del lugar de producción del daño.

Por lo tanto, lugar de comisión del hecho, será el lugar de emisión, como aquél en que principalmente se difunde y produce sus efectos, que es dónde se produce el efecto dañoso de vulneración del derecho fundamental.

Cuando nos encontramos en el ámbito de Internet, el lugar de difusión y producción del daño puede ser mundial, pero en el caso de lesiones al honor, acaecerá allí donde el afectado desarrolle su vida de relación social, que es allí donde la sociedad le atribuye una reputación o fama que pueda ser lesionada, y esté lugar coincidirá con el lugar de domicilio del afectado.

Por otra parte, el Tribunal alude otra razón que ratifica la competencia judicial española, y es que no queda acreditado que la terminación com de la página web, sea una razón para afirmar que ésta se hallara en el extranjero, dado que es posible comprar en España dominios pertenecientes al sufijo “com”.

Por último, se refiere a la LOPJ en su art.22, que declara la competencia de los tribunales españoles en el orden civil, cuando el autor del hecho y la víctima residan en territorio español, lo cual sucedía en este caso.

También se alegaba, que la no identificación de la persona afectada, contra la que se realizan las imputaciones, no podía suponer una violación al honor, ya que no se cometía de forma directa, a lo que el Tribunal respondió tajantemente, que basta con que la información ofrecida, ya sean alusiones o referencias indirectas, permita que las personas del entorno puedan identificar a la persona dañada.

En cuanto al contenido calumnioso de la información, quedó probado que la incorporación a la web de imágenes y videos que acusaban al perjudicado de agresión sexual, en tanto que éste fue absuelto de toda causa penal, suponen una difamación del actor, que se integra dentro de la intromisión ilegítima al honor, art.7.3º y 7.7º de la LO 1/82 sobre protección del honor.

En palabras de la AP “configuran un cuerpo de informaciones maliciosamente difundidas para atentar contra la reputación del demandante, en una especie de juicio público paralelo “ex post” a la vista del fracaso de sus denuncias ante los órganos judiciales (…) supone una patente vulneración del derecho a la intimidad y al honor del demandante”

Esta intromisión rebasó el ámbito del ejercicio de la libertad de expresión y de comunicación pública, que es a su vez el derecho de la persona que realiza la difusión de las informaciones, ya que tales libertades constitucionales tienen su límite en el respeto al honor y la intimidad de las personas.

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